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El príncipe Enrique trata ante la justicia de recuperar la protección policial en Reino Unido
El príncipe Enrique intenta desde el martes, ante el Tribunal de Apelación de Londres, revocar la decisión, "injustificada" en su opinión, que le priva de una protección policial durante sus visitas a Reino Unido.
Este caso, que se examina martes y miércoles, enfrenta al duque de Sussex, residente en Estados Unidos, y al Ministerio de Interior británico, que ya ha obtenido la razón en dos ocasiones en este expediente.
La decisión del tribunal de apelación se emitirá por escrito en una fecha que no ha sido especificada.
Enrique, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, llegó al tribunal sonriente, para sentarse detrás de sus abogados en esta primera jornada de la audiencia, en la que tomó notas.
Enrique y su esposa Meghan, que se mudaron a Estados Unidos tras su ruptura con la familia real en 2020, perdieron la protección policial sistemática a cargo de los contribuyentes británicos, ya que el Ministerio de Interior optó por una protección caso por caso.
El Tribunal Superior de Londres dio la razón al Ministerio de Interior en febrero de 2024, considerando que la decisión no constituía una "injusticia" y estaba "legalmente fundamentada".
En la primera jornada, la abogada del príncipe, Shaheed Fatima, señaló que no defiende "la protección que se le otorgaba cuando era miembro activo de la familia real, sino estar sujeto al mismo proceso que cualquier persona que se considere que merece protección".
- Amenazas de Al Qaeda -
Enrique fue criticado cuando, en su autobiografía, "En la sombra", publicada en 2023, narró que había matado a 25 talibanes, cuando fue enviado a Afganistán.
En sus conclusiones escritas, entregadas al tribunal, los abogados del príncipe advirtieron sobre las amenazas contra su seguridad.
"Al Qaeda pidió recientemente que (Enrique) fuera asesinado", señalan los letrados en el texto, añadiendo que el príncipe y su esposa Meghan estuvieron "involucrados en una peligrosa persecución en automóvil por paparazzis en Nueva York" en mayo de 2023.
El duque de Sussex se ha mostrado muy sensible en este tema después de que su madre, la princesa Diana, perdiera la vida en un accidente de tráfico en París en 1997, mientras era perseguida por fotógrafos de prensa.
"Este apelación concierne al derecho más fundamental, que es la seguridad de la persona", insistió su abogada, Shaheed Fatima.
En sus conclusiones por escrito, para el gobierno, la seguridad de Enrique debe ser "examinada en función de las circunstancias", dado este cambio de estatus.
En abril de 2024, un juez desestimó una solicitud previa de Enrique y le ordenó pagar casi la totalidad de los gastos judiciales que tuvo que hacer frente el ministerio. Una suma de aproximadamente un millón de libras (casi 1,3 millones de dólares), según el diario The Times.
- Batallas judiciales -
Enrique había intentado, en un primer momento, obtener una protección policial proponiendo pagarla con sus fondos personales, pero esta posibilidad le fue denegada por la justicia británica en mayo de 2023.
Paralelamente, el duque de Sussex ha iniciado varias batallas judiciales contra los poderosos tabloides británicos, con los que mantiene relaciones tensas.
El príncipe Enrique, enfrentado a su familia desde sus revelaciones explosivas sobre la monarquía, viaja ocasionalmente a Reino Unido, especialmente para sus actividades caritativas.
Por ejemplo, Enrique regresó en septiembre para una ceremonia de premios de la organización WellChild, que apoya a los niños enfermos.
La audiencia ante el Tribunal de Apelación se lleva a cabo pocos días después de un duro golpe para el hijo menor del rey, quien anunció a finales de marzo que había renunciado a ser el patrocinador de su ONG Sentebale, fundada en 2006 en Lesoto para ayudar a huérfanos que habían perdido a sus padres debido al Sida.
El regulador británico de organizaciones caritativas se hizo cargo del litigio el 3 de abril al abrir una investigación, lo que para Enrique significó un "alivio", denunciando las "mentiras" de la actual presidenta, Sophie Chandauka.
Desautorizada por los administradores de la ONG, esta abogada zimbabuense de 47 años había acusado al príncipe de "acoso e intimidación".
S. Alves--JDB
